Asimismo, la REDLAJ, resalta la gravedad que implica que dicha detención se haya producido tras las declaraciones efectuadas por el Presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez, quien opinó abiertamente sobre el caso y exigió que se castigue a la jueza con la pena máxima de 30 años.

Según la información recibida por la REDLAJ, el 10 de diciembre de 2009, la jueza Afiuni acordó sustituir la prisión preventiva del Sr. Cedeño por medidas de presentación periódica ante el tribunal cada 15 días y la prohibición de salida del país. Esa decisión fue adoptada después de oír a los defensores del Sr. Cedeño y abogados representantes de la Procuraduría General de la República.

Una hora después de haberse adoptado esa decisión, el Tribunal fue allanado por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), principal servicio de inteligencia del país. A continuación, la Jueza María Lourdes Afiuni, así como los Alguaciles Rafael Rondón y Carlos Latuffo, fueron detenidos y trasladados a la sede de la DISIP. Al día siguiente, el Presidente de la República manifestó tener conocimiento e informes sobre un supuesto “arreglo” que se habría dado en el juzgado y calificó a la jueza como “bandida”, exigió “dureza” y la “pena máxima” de 30 años de prisión.

La detención de la Dra. Afiuni, es una prueba más de la fragilidad de las democracias latinoamericanas, donde parece que los principios básicos del Estado de Derecho, como ser la separación de poderes, están desapareciendo, con las consecuencias de las que ya nos advertía Montesquieu en “El Espíritu de las Leyes” en 1748:

“En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil.

Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial; y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado (...).

Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo.

Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un opresor.

En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente.”

La REDLAJ solicita al estado Venezolano que garantice el derecho al debido proceso y el pleno respeto por las garantías judiciales incluida la libertad durante el proceso de la jueza María Lourdes Afiuni; asimismo a que se garantice su derecho a la vida y a su integridad personal durante la prisión preventiva que le ha sido impuesta.

Por último, la REDLAJ hace un llamado a que se fortalezca la independencia judicial en Venezuela en todos los niveles.